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Suecia y Finlandia dan marcha atrás en la hormonación de “menores trans”

En algunos países de la Unión Europea, una persona puede acceder por su cuenta y riesgo a hormonas del sexo opuesto e incluso a cirugías plásticas que alteren la apariencia sexual de su cuerpo, cuando por su minoría de edad—y consiguiente falta de madurez psíquica—no puede votar, o fumar, o consumir alcohol, o conducir. En España, Malta, Irlanda y los Países Bajos, los 16 años se consideran suficientes para tomar semejantes decisiones. En Dinamarca y Eslovenia, la edad mínima es de 15 años; en Letonia, de 14; en Croacia no hay edad mínima si el o la menor cuentan con consentimiento parental, y en los Países Bajos la edad mínima con ese consentimiento es de 12 años. En Bélgica, Chequia, Estonia, Alemania y Luxemburgo, el acceso tanto a hormonas como a cirugías depende de la madurez del menor, determinada por un equipo médico.

Pero hay dos países, hasta ahora conocidos por su apoyo a las políticas transgeneristas, y conocidos en general por sus políticas sociales y educativas progresistas, que han dado marcha atrás a la transición médica de menores que se dicen trans o que sufren disforia de género: Suecia y Finlandia. Así, se da la paradoja de que el gobierno español ha presentado a las cortes para su aprobación la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que facilita la transición médica de menores de edad, justo cuando países que llevan más tiempo lidiando con el aumento exponencial del transgenerismo en la juventud y la niñez, buscan limitar y restringir esas transiciones.

En Finlandia, las nuevas directrices adoptadas por la autoridad sanitaria en 2020 insisten en que “la primera línea de tratamiento para menores con disforia” debe ser el tratamiento psicológico y el apoyo psicosocial. Aunque las directrices no rompen por completo con el llamado “protocolo holandés” (que prescribe tratamientos hormonales a menores con disforia, tanto bloqueadores de la pubertad como hormonas del sexo opuesto), se desvían significativamente de las “Normas de Atención” señaladas por la hegemónica Asociación Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés). WPATH recomienda administrar tratamientos de hormonas e incluso cirugías a menores incluso cuando sus disforias se presenten con problemas de salud mental o trastornos del espectro autista. De hecho, el modelo de “consentimiento informado” de WPATH implica que las y los menores que desean “transicionar” no tienen por qué recibir evaluación médica alguna, sino mera información. ¡Para WPATH, los estudios de medicina y años de práctica médica son irrelevantes, y cualquier menor de edad puede entender el complejo funcionamiento de procesos hormonales, químicos, sexuales, neurológicos y terapéuticos al leer un panfleto!

Las directrices finlandesas advierten del peligro de cualquier intervención irreversible de “afirmación de género” a personas menores de 25 años, pues hasta esa edad no se ha alcanzado la madurez neurológica. Ítem más, resaltan que los bloqueadores de pubertad pueden impactar negativamente la madurez cerebral (puesto que durante la pubertad se acelera el desarrollo cerebral), y por lo tanto obstaculizar la capacidad del o la adolescente de proveer un consentimiento verdaderamente informado a los tratamientos más irreversibles del protocolo holandés: las hormonas del sexo opuesto (cuyos efectos en el sistema nervioso central no se conocen del todo) y las cirugías.

El cambio en la política sanitaria de uno de los principales hospitales suecos el Karolinska, a principios de 2021, se vio impulsado por el caso de Keira Bell, una joven del Reino Unido que demandó a la clínica de género que facilitó su “transición” dándole hormonas del sexo opuesto a los 16 y practicándole una mastectomía doble—que ella deseaba—a los 20. A los 21, Keira se dio cuenta de que su disforia era uno de los síntomas de su “tristeza generalizada”, y decidió “des-transicionar”, asumir su identidad biológica real. Pero el daño ya estaba hecho: Keira ha perdido sus pechos y, con ellos, la posibilidad de amamantar, si es que no ha perdido también la posibilidad de quedar embarazada. Además, sus genitales han quedado atrofiados por los bloqueadores de pubertad, y la masculinización de su voz y la presencia de vello facial son permanentes.

Pero influyó también la publicación en diciembre de 2019 de un estudio sobre el estado de la cuestión realizado por la Agencia Sueca para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Servicios Sociales (SBU), que concluyó que se carecía de evidencia suficiente que demuestren la eficacia de los tratamientos de transición médica de menores. Más importante aún, el estudio concluyó que “estos tratamientos están potencialmente plagados de consecuencias adversas extensas e irreversibles, como enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, infertilidad, aumento del riesgo de cáncer, y trombosis. Esto dificulta la evaluación del riesgo/beneficio para cada paciente individual, y hace aún más difícil que los y las menores y sus tutores estén en una posición verdaderamente informada respecto a estos tratamientos.”

Entre 2008 y 2018, la Junta de Salud y Bienestar de Suecia registró un incremento de 1500% en el número de “referidos para transiciones de género”, en su mayoría de chicas de entre 13 y 17 años. En lugar de intentar entender esta preocupante tendencia, a finales del 2018 el gobierno propuso la creación de una nueva ley que habría reducido la edad para acceder a cirugías de reasignación de sexo de los 18 a los 15 años, sin necesidad de consentimiento parental, y permitiendo que menores de hasta 12 años cambiaran su sexo legal por decisión propia. Ante el rechazo de la comunidad científica, el gobierno sueco abandonó este proyecto de ley y adoptó una propuesta del Consejo Nacional Sueco de Ética Médica de conminar a tres agencias a investigar y revisar la política sanitaria y los estudios científicos relacionados a menores con disforia. A principios de 2019, se publicó en Suecia el documental Trans Train, en el cual muchas personas hablaban de por qué habían “transicionado” y por qué se arrepintieron, y se evidenciaba la falta de conocimiento científico tras la medicalización permanente de “jóvenes trans”. Poco tiempo después, el número de demandantes de transiciones de género en Suecia se redujo drásticamente, gracias en parte al gran impacto del documental y su eco en los medios suecos.

Es lamentable que el gobierno español y varios gobiernos de CCAA de este país se empeñen en hacer más difícil la vida de jóvenes vulnerables cuyos procesos de construcción de identidad se ven complicados por un fuerte rechazo a su sexualidad, a su cuerpo; complicado por ansiedad, depresión, trastornos del espectro autista, o porque cuestionan o rechazan lo que parece ser una orientación sexual no-heterosexual. En lugar de atender su disforia mediante tratamientos psicosociales y evaluaciones médicas personales, basadas en conocimiento científico fiable, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que se adhiere en sus postulados al WPATH, facilita que estos y estas jóvenes inicien tratamientos médicos de por vida, arriesgando su salud mental y física. De hecho, abre la puerta a que los tratamientos psicológicos que busquen aliviar el malestar de los y las menores sean considerados “terapias de conversión” y queden, por lo tanto, proscritos. En Australia y Nueva Zelanda, el Real Colegio de Psiquiatras ha empezado a abandonar el modelo de afirmación, optando por una política “más prudente” y basado en la psicoterapia. Incluso en los Países Bajos, donde se estableció el llamado protocolo holandés, se cuestiona el modelo de afirmación y autodeterminación que se quiere implantar en España. Aumentan cada día el número de estudios que demuestran la ineficacia de la “transición” médica de menores y los verdaderos efectos de estas prácticas: ¿por qué no aprendemos de ellos, en lugar de andar el camino que ahora desandan? Como señalan las directrices finlandesas, “A la luz de la evidencia disponible, la reasignación de género de menores es una práctica experimental.”

Es una negligencia prácticamente criminal la que lleva a nuestros gobiernos (central, autonómicos y municipales) y a la mayoría de nuestros partidos a apoyar no solo el que menores de edad interrumpan el proceso de crecimiento físico y mental que se vive durante la pubertad, sino que tomen hormonas del sexo opuesto y accedan a cirugías y tratamientos médicos cuyas consecuencias pueden ser nefastas e irreversibles.

En su Artículo 9 la Declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo, reafirma la necesidad de proteger los derechos del menor, especificando algunos de los siguientes puntos:

 (a) “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (CDN, artículo 3 (1) ). Los Estados deben reconocer que las intervenciones médicas que buscan la “reasignación de género” de niños y niñas mediante medicamentos supresores de la pubertad, hormonas sexuales cruzadas y cirugía no velan por el interés superior del menor. Por su etapa de desarrollo, los menores no son competentes para dar un consentimiento pleno, libre e informado sobre estas intervenciones, que conllevan un alto riesgo de consecuencias adversas a largo plazo para su salud física y psicológica, y pueden tener consecuencias adversas permanentes, como la esterilidad. Los Estados deben prohibir el uso de tales intervenciones médicas en menores de edad.

(e) Los Estados deben garantizar “que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad y sanidad” (CDN, artículo 3). Esto debe suponer evitar que las organizaciones que promueven el concepto de “identidad de género” o grupos que no tienen experiencia clínica o antecedentes de psicología infantil influyan en los servicios de salud para niños.

(j) Los Estados “protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar” (CDN, artículo 36). Esto debe comprender medidas legales efectivas y pertinentes con miras a abolir: prácticas tradicionales y emergentes que imponen estereotipos de roles sexuales en niñas y niños; la práctica de diagnosticar y tratar a los menores como si hubieran “nacido en el cuerpo equivocado” cuando no se ajustan a los roles sexuales estereotipados tradicionales; la práctica de considerar que las personas jóvenes con atracción por su mismo sexo sufren disforia de género, y la práctica de recurrir a intervenciones médicas en menores que pueden dar como resultado su esterilización u otros daños permanentes

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